Los socios gallegos de la institución, fundada en 1917, tienen de plazo hasta el 31 de marzo para elegir entre una de las cinco entidades sanitarias a las que pueden ser derivados gracias a la mediación del Gobierno de Uruguay

Casa de Galicia: cierre obligado por el endeudamiento y unas pérdidas mensuales de 400.000 dólares

Los 105 años de historia de la Casa de Galicia de Uruguay, hasta hace dos décadas el gran modelo y paradigma de institución sanitaria y de agrupamiento de la colectividad gallega de la diáspora, ya no soportan más endeudamiento ni inseguridad económica y jurídica. Su final es “una crónica anunciada” para el siempre ejemplar colectivo gallego de Uruguay, que asume con resignación y desencanto la desaparición de “su” Casa, concebida para atender las necesidades sanitarias de 100.000 usuarios.

En octubre de 2021 el Gobierno uruguayo ya había decretado la intervención de la institución por el elevado nivel de endeudamiento. El fuerte déficit tuvo como única salida pedir el concordato ante los Tribunales, y tras los pertinentes informes y análisis financieros, el juez acaba de decretar el cierre, que se hará efectivo el 31 de marzo de 2022, ante la imposibilidad de remontar el nivel de endeudamiento, con un pasivo que ha sido cuantificado en 70 millones de dólares y con unas pérdidas mensuales que rondan los 400.000 dólares. El Parlamento dictó normas para la redistribución de los socios (45.000 en la actualidad, cuando llegó a tener una masa social de más de 100.000 afiliados) y de los trabajadores en otras instituciones sanitarias del país.

El personal está siendo absorbido por cinco entidades de salud, salvo los que optan por edad a la jubilación. Por su parte, los socios tienen de plazo hasta el 31 de marzo para elegir entre una de las cinco instituciones a las que pueden optar para seguir teniendo cobertura sanitaria. La colectividad gallega elogia la intermediación, las medidas y el amparo recibido desde el Gobierno de Uruguay. Sin embargo, genera mucha más división y decepción la “falta de respuesta” y la “inhibición” de la Xunta de Galicia, y en especial el “distanciamiento” y el “abandono” que han sentido desde la Secretaría Xeral de Emigración. La “pasividad” de la Xunta también ha sido criticada por el BNG, que rechaza la intervención de la mutualidad, entre otros motivos por “falta de transparencia” del proceso.

Texto: Javier de Francisco ©